Conoce los peligros reales de la nueva Ley de Ciberseguridad en Chile y cómo puede afectar a empresas, infraestructuras críticas y ciudadanos. Guía completa 2025.
La transformación digital de Chile trae grandes oportunidades, pero también nuevos riesgos. Con la entrada en vigor de la Ley 21.663 —conocida como Ley Marco de Ciberseguridad—, muchas empresas, organizaciones e instituciones se enfrentan a un entorno regulatorio más estricto. ¿Qué implica este cambio? ¿Por qué algunas voces advierten de los peligros latentes que acompañan esta normativa? En este artículo analizamos en profundidad los efectos de esta nueva legislación y por qué la palabra clave “ciberseguridad” ha adquirido un matiz diferente en 2025.
¿Qué es la nueva ley de ciberseguridad en Chile?
¿Qué busca la Ley 21.663?
La Ley 21.663 tiene como objetivo establecer una institucionalidad robusta para proteger la infraestructura crítica de información del país. A través de ella se crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), con facultades regulatorias, fiscalizadoras y sancionatorias.
La normativa impone obligaciones tanto al sector público como privado, sobre todo a los llamados sectores esenciales: salud, energía, transporte, finanzas, comunicaciones, entre otros.
Además, exige la implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), auditorías, monitoreo, notificación de incidentes y cumplimiento de estándares mínimos.
¿Cuándo entró en vigor?
La ley se publicó en 2024 y su entrada general en vigor fue el 1 de enero de 2025. Algunas obligaciones específicas —como reporte de incidentes y sanciones— empezaron a operar desde 1 de marzo de 2025.
Peligros y retos: por qué la nueva legislación genera preocupación
Aunque la intención de la ley es fortalecer la seguridad digital, su implementación plantea varios riesgos e desafíos importantes.
💡 Principales riesgos identificados
- Sobrecarga regulatoria: muchas empresas, sobre todo pymes, no cuentan con recursos, personal o cultura interna para asumir las exigencias de la ley. Esto incrementa el riesgo de incumplimiento.
- Falta de talento especializado: en un contexto donde la demanda de profesionales en ciberseguridad ya era alta —y con déficit de expertos— la obligación de cumplir con normativas técnica y operativamente complejas puede dejar a las organizaciones vulnerables.
- Riesgo de sanciones elevadas: las multas pueden alcanzar cifras significativas (según algunos informes, multas de hasta 40.000 UTM para operadores de importancia vital).
- Presión sobre contratos y cadenas de suministro: si tus proveedores no cumplen con los estándares de ciberseguridad, tu empresa también podría quedar expuesta.
- Complejidad técnica y operativa: implementar un SGSI rígido, controles, monitoreo permanente, auditorías; muchas compañías no tienen la estructura para ello.
Ejemplos prácticos de efectos negativos
- Una peque empresa de servicios médicos podría no tener los recursos para implementar un buen sistema de seguridad, terminando expuesta o enfrentando sanciones.
- Una startup que depende de proveedores externos para hosting o infraestructura —si estos proveedores no cumplen— arriesga quedar fuera de la ley sin saberlo.
- Empresas con poco personal de TI ven su carga operativa dispararse: necesitan monitoreo 24/7, respaldos cifrados, personal capacitado, parches constantes —y todo ello con urgencia.
Cambios positivos… pero también realidades duras
No todo es negativo. La ley trae beneficios importantes:
- Mejora de la resiliencia nacional frente a ciberataques.
- Establece un marco claro para incidentes, responsabilidad y colaboración público-privada.
- Obliga a la modernización de sistemas, lo que puede impulsar mejores prácticas, inversión en seguridad, formación profesional y cultura organizacional.
Pero estos avances no se traducen automáticamente en ciberseguridad efectiva si no se acompañan de inversión, talento y consciencia real.
¿Qué pueden hacer las empresas y organizaciones para adaptarse?
Para minimizar riesgos y cumplir con la ley, conviene adoptar una estrategia proactiva:
Pasos recomendados
- Realizar un diagnóstico de ciberseguridad: identificar activos, riesgos, brechas.
- Implementar un SGSI —idealmente basado en estándares internacionales (por ejemplo ISO/IEC 27001).
- Designar un responsable de seguridad digital formal ante la ANCI.
- Capacitar al personal periódicamente —el factor humano es la principal vulnerabilidad.
- Establecer protocolos de respuesta ante incidentes (monitoreo, backups, recuperación, comunicación).
- Auditar y documentar procesos con evidencia para cumplir con requisitos normativos.
- Revisar contratos con proveedores y cadena de suministro: asegurarse de que cumplan estándares mínimos.
Buenas prácticas recomendadas
- Autenticación multifactor, cifrado de datos sensibles.
- Microsegmentación de redes, “security by design” desde el desarrollo de sistemas.
- Simulacros de incidentes, planes de continuidad, respaldo seguro.
- Evaluaciones regulares y pruebas de vulnerabilidades.
¿Por qué algunos hablan de “peligros” que van más allá de la seguridad técnica?
Doble filo: regulación vs. realidad técnica
La ley aumenta obligaciones y responsabilidades, pero no garantiza recursos, talento o cultura. Si las organizaciones adoptan la normativa solo en papel, podrían transportar la fragilidad existente a un contexto más riesgoso: sanciones, vulnerabilidades, responsabilidad legal.
Carga operativa y burocracia
Muchas empresas pequeñas o medianas no están preparadas para enfrentar auditorías, reportes, requisitos de compliance. Esto puede desincentivar la innovación, sobrecostear operaciones o incluso generar conflictos contractuales con proveedores nacionales o internacionales.
Riesgo de desigualdad digital
Aquellas organizaciones con más recursos podrán invertir en seguridad; otras, especialmente pymes o emprendedores, pueden quedar desprotegidas, ampliando la brecha digital y la vulnerabilidad de ciertos sectores socioeconómicos.
Conclusión y llamado a la acción
La nueva ley de ciberseguridad en Chile representa un paso clave hacia la protección del ciberespacio nacional. Pero no es una panacea: si no va acompañada de inversión real, talento especializado y compromiso cultural, puede convertirse en una carga regulatoria. La palabra clave, “ciberseguridad”, ahora significa algo distinto: no solo protegerse de ataques, sino garantizar resiliencia, cumplimiento y responsabilidad.
Si diriges una empresa o gestionas sistemas en Chile: actúa ya. Haz un diagnóstico, invierte en un SGSI, capacita a tu equipo, nombra a un responsable y establece protocolos serios. La ciberseguridad no es una opción: es una obligación estratégica.
¿Quieres ayuda con un plan de adaptación a la ley para tu organización? Contáctame: podemos elaborar juntos una guía práctica paso a paso.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué organizaciones deben cumplir con la ley de ciberseguridad en Chile?
La norma aplica a organismos públicos, empresas privadas y “servicios esenciales” (salud, energía, transporte, bancos, agua, comunicaciones, etc.), así como a los denominados Operadores de Importancia Vital (OIV).
¿Cuándo empezó a regir la Ley 21.663?
La ley entró en vigor general el 1 de enero de 2025, mientras que obligaciones como reporte de incidentes y régimen de sanciones comenzaron a aplicar desde el 1 de marzo de 2025.
¿Qué riesgos corre una empresa que no cumple con la ley?
Puede enfrentar sanciones económicas —multas que en algunos casos alcanzan hasta 40.000 UTM—, inhabilitación temporal, suspensión de servicios, pérdida de confianza ante clientes o socios e incluso responsabilidades legales en caso de incidentes graves.
¿Basta con instalar un antivirus para cumplir?
No. La ley exige un enfoque integral: sistemas de gestión, monitoreo, políticas de seguridad, control de accesos, respaldo, auditorías y, sobre todo, una cultura de ciberseguridad. Un antivirus es apenas una pieza mínima dentro de un SGSI.
¿La ley protege al ciudadano promedio o solo a empresas/organismos?
Aunque está orientada a infraestructura crítica y servicios esenciales, indirectamente beneficia a todos —al reducir el riesgo nacional de ciberataques, contribuir a la estabilidad digital y proteger datos sensibles de personas. Sin embargo, su cumplimiento depende de empresas e instituciones.
¿Qué puede hacer una pyme con recursos limitados para cumplir?
Priorizar controles esenciales y escalar progresivamente un SGSI.
Realizar un inventario de activos críticos.
Adoptar buenas prácticas básicas: contraseñas seguras, backups, cifrado.
Capacitar al personal.
Subcontratar servicios especializados (outsourcing en ciberseguridad).
